Entre
las controversias ecológicas:
En vigor la nueva ley ambiental
Vivian Maldonado Miranda
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Agilidad en los trámites, fiscalización
y modernización conforman los planes de
la Junta de Calidad Ambiental (JCA) a partir
de la vigencia de la Ley 416.
La legislación que establece la Política
Pública Ambiental entró en vigor
en marzo de 2005, según confirmó a
El Visitante el actual Presidente de la JCA,
licenciado Carlos W. López Freytes. El
documento recopila todas las leyes locales sobre
el ambiente en un solo escrito. De esta forma,
López Freites destacó que facilita
la comprensión de las normas ecológicas
y la fiscalización de su cumplimiento.
Entre los reglamentos afectados por la nueva
legislación se encuentra la Ley del Fondo
de Emergencias Ambientales de Puerto Rico, Ley
del Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto
Rico y el Caribe y la Ley para la Prevención
de la Contaminación. Además, el
licenciado señaló que el documento
eleva a nivel de estatuto la regulación
del ruido, de manera que se establezca un reglamento
para exigir el control de ruido en procesos industriales
y de construcción.
En el año 2004 se expidieron en la Isla
alrededor de 9,300 permisos de construcción,
con un valor de sobre $2 mil millones, según
los informes de la Administración de Reglamentos
y Permisos (ARPE). Desde el 1999 hasta el presente,
los permisos de construcción expedidos
se mantienen en aumento.
“
Las industrias y agencias gubernamentales someten
a la Junta un documento ambiental. Es un instrumento
de planificación, no un permiso”,
agregó el licenciado. “Los permisos
de construcción los expide ARPE. El trabajo
de la Junta permite tomar decisiones informadas
porque dice los impactos ambientales que ocurrirán”.
Por otra parte, la nueva ley introduce la implantación
del Sistema Nacional Digitalizado de Información
Ambiental (SNDIA). López Freytes explicó que
la ciudadanía podrá ubicar en un
mapa un área determinada y obtener información
sobre las características ecológicas
del terreno.
Además, el licenciado comentó que
el sistema permitirá a las personas darle
seguimiento a los casos que tengan ante la JCA,
obtener los informes anuales de la situación
ambiental en Puerto Rico que rinde la agencia
y acceder información general del medio
ambiente.
Para la creación de este sistema se trabajará en
conjunto con la Junta de Planificación,
a fin de incorporar datos sobre los terrenos
de ambas agencias, según señaló el
licenciado. El proyecto digital contará con
una asignación presupuestaria de $500,000.
“
La agencia se encuentra en el análisis
detallado de la ley para organizar presentaciones
públicas que expliquen a los ciudadanos
los cambios que trae la nueva legislación”,
agregó López Freytes.
En el aspecto de la fiscalización, el
licenciado señaló que la JCA analiza
una posible reorganización interna. De
esta forma, se espera contar con más inspectores
en la calle.
Fronteras interagenciales
“El Departamento de Recursos Naturales
planifica el uso de los recursos a largo plazo,
mientras
que la Junta protege la calidad del recurso”,
puntualizó. Bajo estos términos,
López Freytes detalló que en una
construcción que involucre a un río,
Recursos Naturales identifica las áreas
inundables y las posibilidades de canalización.
Calidad Ambiental vigila por los estándares
de calidad del agua.
“Cuando hay una violación a una
ley federal, la EPA tiene jurisdicción.
Sin embargo, la Junta recibe delegaciones federales
en muchas
circunstancias por parte de la EPA”, agregó. “A
veces la Junta evalúa y la información
pasa a la EPA para que ellos aprueben el permiso”.
A velar por el desarrollo sostenible
El concepto de desarrollo sostenible se introduce
a la legislación ambiental puertorriqueña
a través de la ley 416, según señaló López
Freytes.
“El desarrollo sostenible es un término
que se acopló en la Organización
de las Naciones Unidas para definir cómo
interactúa la protección de recursos
naturales con el desarrollo económico
y las acciones sociales”, detalló el
licenciado. López Freytes agregó que
la JCA forma parte del diálogo internacional
para definir con claridad el concepto e implantarlo.
En el ámbito global, el desarrollo sostenible
abarca temas que van desde la participación
ciudadana en las decisiones gubernamentales y
la erradicación de la pobreza hasta la
preservación de especies en peligro de
extinción. En términos de urbanismo,
el Banco Interamericano de Desarrollo asocia
el desarrollo sostenible con la rehabilitación
urbana y la reducción de los efectos ambientales
adversos que produce el crecimiento urbano. En
Europa, se asocia con la reducción del
consumo energético, la búsqueda
de alternativas de energía renovable,
promoción del transporte colectivo y reducción
de emisiones de gases contaminantes.
Para efectos de la ley en Puerto Rico, el desarrollo
sostenible se define como: “un desarrollo
que satisface las necesidades presentes sin poner
en peligro las necesidades de las generaciones
futuras”. La definición involucra
una política económica, fiscal,
comercial, energética, agrícola
e industrial, de manera que armonice lo económico,
social y ecológico. Además, incluye
actividades que no degradan o agotan los recursos
naturales (Artículo 64).
