Legislatura propone
cursos prematrimoniales para todos

Vivian Maldonado Miranda
entrevistas@elvisitante.biz

 

En Puerto Rico se celebraron más de 25,000 matrimonios y se produjeron más de 14,000 divorcios para el 2003.

De acuerdo con los datos de la División de Análisis Estadístico del Departamento de Salud, el total de divorcios en la Isla se ha mantenido entre los 13,000 y los 15,000 divorcios anuales desde el 1978.

Por otra parte, de los 25,236 matrimonios celebrados en el 2003, sólo 5,180 se celebraron por lo católico, según los datos de The Official Catholic Directory 2004 y el Arzobispado de San Juan.

¿ Qué ocurre con los más de 20,000 matrimonios anuales que no se casan por la Iglesia Católica?

De acuerdo con la representante Jennifer González, muchas de las parejas que hoy día se casan por lo civil no reciben una orientación que los prepare para lo que enfrentarán en la vida matrimonial.

“ Muchos llegan al matrimonio y no saben nada de lo que es la violencia doméstica, ni de las leyes relacionadas con el matrimonio”, comentó González. “Yo creo que el estado no puede dejar que el matrimonio sea un papel más, sino que debe proveer a estas parejas la oportunidad de un curso que los oriente en las cosas básicas. Esto es un campo que no se ha tocado. El estado no está promoviendo una culturización de los valores”, añadió.

Al respecto, la representante radicó el Proyecto de la Cámara Número 1389. La medida pretende disponer como política pública la preparación de las personas que interesen contraer matrimonio, para lo que se ofrezca a los contrayentes la disponibilidad de un Curso de Orientación Prematrimonial. El proyecto establece la creación de un Concilio de Formación Prematrimonial, adscrito al Departamento de la Familia, para diseñar y reglamentar el curso, a la vez que acredite a las instituciones comunitarias para que colaboraren en su difusión.

El Comité encargado de diseñar el curso estaría compuesto por la directora de la Administración de Familias y Niños, Un Procurador de Salas de Menores designado por el Departamento de Justicia, un juez de Salas de Familia designado por el Juez Presidente del Tribunal Supremo, una representante de la Oficina de la Procuradora de la Mujer y un representante del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Además, un representante de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSSCA) y el director de la Administración para el Sustento de Menores.

También se integrarán al Comité un abogado de reconocida experiencia en Derecho de Familia, un consejero matrimonial o familiar y un representante de una entidad comunitaria sin fines de lucro reconocida por su labor de apoyo y protección a las familias, según estipulado en la Sección 2 del escrito.

Entre los temas que incluiría el curso, la sección 1 de la medida detalla: las implicaciones legales del matrimonio y su disolución, los derechos de los cónyuges, las implicaciones fiscales y económicas, las responsabilidades y obligaciones en las relaciones paterno y materno filiales y la prevención de la violencia doméstica. Además, la ingerencia de las agencias públicas en la protección de los derechos de cónyuges y menores de edad, la resolución de conflictos, la comunicación efectiva y los foros disponibles al cónyuge para atender los problemas que puedan surgir.

Las parejas que tomen las charlas podrían deducir una cantidad equivalente al costo del curso de su plantilla contributiva y obtener un crédito contra su contribución de $500 para el año en que contrajeran matrimonio.

“ Estoy enviando el proyecto a todas las organizaciones cívicas y religiosas para que me den ideas”, comentó González a El Visitante. “Hay unas organizaciones cívicas y religiosas que siempre se han dedicado a esto. El curso no lo va a dar el Departamento de la Familia, sino las organizaciones. Se les va a dar una certificación”. González afirma que el proyecto no excluye a la comunidad religiosa, sino que está abierto para que la Iglesia pueda formar parte del comité.

Profesionales en la Iglesia opinan

El proyecto es bueno, pero necesita enmiendas antes de su aprobación. Así lo planteó el licenciado Luis F. Hernández Vélez, abogado y consejero legal, quien también ofrece sus servicios profesionales en los retiros prematrimoniales en Casa Manresa.

Hernández Vélez expresó que la definición de “instituciones comunitarias” es muy amplia, por lo que se presta para que otras instituciones, que no son iglesias, formen parte del comité que diseñe el curso.

“ Las organizaciones que defienden a los homosexuales y las que defienden el aborto se proclaman a sí mismas entidades comunitarias que apoyan la familia. Eso es lo preocupante del proyecto, que deja lagunas que pueden ser interpretadas de manera inadecuada. Si el proyecto quiere reconocer a las iglesias, que lo diga de una vez”, afirmó Hernández Vélez. “Esto no se debe dejar a la interpretación de un juez, que pueda ser contraria a la intención que tuvo la legisladora”, dijo. Hernández Vélez afirmó que reconocer a las iglesias no viola la separación constitucional de iglesia y estado, siempre y cuando no se favorezca a una religión sobre otra. Además, comparó el planteamiento con la facultad que ofrece el estado a sacerdotes y pastores para que casen las parejas, sin violar esta división.

Otra enmienda sugerida por el licenciado, quien también es candidato a diácono, es que el proyecto sea obligatorio para todos, y no a discreción de los contrayentes.

“ El estado puede regular aquéllas prácticas sociales que entiende que van en beneficio de la sociedad. Según se exigen pruebas de sangre a los contrayentes, se les debe exigir que tomen el curso”, agregó. Hernández Vélez afirmó que, al dejarlo de forma voluntaria, muchos contrayentes optarían por lo más fácil y rápido: no tomarlo.

En ese caso, Hernández Vélez señaló que se debe establecer de forma expresa el que se exima a las iglesias de tener que ofrecer los temas que sean contrarios a su doctrina.

La sección 2 del proyecto, en su forma actual, establece que el Concilio [adscrito al Departamento de la Familia] podrá evaluar propuestas de entidades independientes para impartir el curso, siempre y cuando el contenido del curso incluya todos los requisitos establecidos por el Concilio. El mismo párrafo señala que “con la aprobación del Concilio, el Secretario del Departamento podrá acreditar dichas entidades para impartir el curso, sujetas a multas administrativas contra la organización, ascendentes hasta no más de $5,000 por pareja atendida, por incumplimiento con los requisitos”.

“ Yo entiendo que se puede dar el curso perfectamente bien, respetando aquello en lo que la Iglesia no está de acuerdo. Se debe reconocer de forma escrita que a la iglesia no se le imponga impartir aquéllos temas que sean contrarios a su fe”, agregó.

El licenciado también se mostró preocupado por la asignación de fondos, ya que asegura que el $1 millón que se asigna al Departamento de la Familia para la creación del curso, equivale al costo que se estimó para establecer el Comité y divulgar los requisitos del curso, pero no para el funcionamiento permanente del proyecto.

“ Las instituciones que ofrezcan el curso, van a tener que incurrir en más gastos porque necesitarán profesionales que ofrezcan las charlas en los temas que proponga el Comité y que no se estén tocando. Además, aumentaría la matrícula y habría que buscar otros locales. El proyecto no delimita si se asignarán fondos a estas instituciones”, agregó. Hernández Vélez también planteó que a las parejas de escasos recursos, que no cuenten con el dinero para tomar el curso al momento de la planificación del matrimonio, se le ofrezca algún tipo de ayuda para que puedan tomarlo de forma gratuita.

El licenciado agregó que la medida sí representa una oportunidad positiva para la iglesia de poder catequizar a más personas.

Por su parte, el Padre Pedro L. Reyes, Juez Adjunto del Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis de San Juan, favoreció la iniciativa de la legisladora.

“ A nivel pastoral, puede traer beneficios porque los temas que plantea son interesantes todos”, concluyó.

Al cierre de esta edición, la medida fue referida a las Comisiones de Bienestar Social y de Presupuesto y Asignaciones de la Cámara.Enmiendas propuestas al P de la C 1389 por el Lcdo. Hernández Vélez

1. Que se sustituya el término “una entidad comunitaria sin fines de lucro reconocida por su labor de apoyo y protección a las familias” por “las iglesias” o “la comunidad religiosa en el país”.

2. Que sea obligatorio el curso para solicitar la licencia matrimonial.

3. Que se exima a las iglesias de tener que ofrecer los temas que sean contrarios a su doctrina.

4. Que se delimite una asignación presupuestaria que permita el funcionamiento permanente del sistema de cursos prematrimoniales.

5. Que se separe una asignación para que las parejas de escasos recursos puedan tomarlo de forma gratuita.