Hasta el 28 de febrero del 2006
Plan
para cumplir con los impedidos del país
Vivian Maldonado Miranda
entrevistas@elvisitante.biz
“Una violación a la ley de tránsito
per sé no constituye jurisdicción de
la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos
(OPPI). Sin embargo, en el momento en que una persona
con limitaciones físicas no puede pasar, constituye
un discrimen contra esa persona porque se le está violando
su derecho a transitar libremente por la vía
pública. El auto se convierte en una barrera
arquitectónica”.
Así lo afirmó la licenciada Irlanda
Ruiz, directora de Asuntos Legales en la OPPI. De
acuerdo con Irlanda, el problema de los automóviles
que bloquean el paso en las aceras debe ser considerado
por los municipios dentro del plan para eliminar
barreras arquitectónicas que se someterá al
primer ejecutivo y a la legislatura en febrero de
2006.
El artículo 13 de la ley 238 del 2004, conocida
como “la Carta de Derechos para las Personas
con Impedimentos” establece que todos los departamentos,
municipios y entidades gubernamentales del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico deberán preparar
un Plan Estratégico para cumplir con las disposiciones
de esta ley. El documento declara como política
pública garantizar los derechos consignados
en la Constitución a las personas con limitaciones
físicas, mentales o sensoriales.
“
Los municipios tienen hasta el 28 de febrero de 2006
para entregarlo. Cada municipio va a considerar cómo
va a llevar a cabo la solución a sus problemas.
Nosotros brindamos asistencia técnica y orientación
en la preparación de este plan”, señaló. “Puede
que haya problemas que se resuelvan en dos semanas,
como puede que hayan otros que tarden años.
Pero es importante que se reconozca el problema y
que haya un plan de acción de cómo
lo vamos a resolver”.
Ruiz explicó que las relaciones entre las
partes afectadas de la sociedad civil (personas con
impedimentos versus comerciantes y público
en general), pudo haberse agravado a raíz
de los operativos con la policía, en los que
se repartieron una gran cantidad de boletos.
“Fuimos a los tribunales por tres días
consecutivos. La jueza dijo que el que no haya parking
no da derecho
a violar la ley. Inclusive, denegó un reclamo
de una persona con impedimentos que se había
estacionado en la acera, a quien también se
le otorgó la multa”, afirmó.
Ruiz relató cómo, en otra de las intervenciones
de la agencia, se le solicitó a una persona
que moviera el vehículo de la acera. El hombre
salió molesto y movió el auto, pero
lo estacionó en el parking para personas con
impedimentos. El individuo retó al ciudadano
en silla de ruedas que le pidió que moviera
el auto a que llamara a la policía.
“Parte de lo que la oficina está haciendo
es crear conciencia de que estas personas también
son consumidores y votantes y que cualquiera puede
convertirse en alguien con impedimentos de un momento
a otro. Si todos tuviéramos un impedimento
físico durante dos horas en un solo día,
nuestra percepción del mundo cambiaría”,
afirmó Ruiz. La población de personas
con limitaciones físicas en la Isla asciende
a más de 900,000 habitantes, según
los datos del Censo 2000.
Por otra parte, para la coordinadora del programa
Protección y Defensa de los Derechos a las
Personas con Impedimentos (“PAIR”), Madelisa
Monroig, el problema de autos en las aceras es algo
complejo que tiene múltiples variantes. “Estamos
hablando de permisos, de la policía estatal
y de la municipal. Según se vaya haciendo
el análisis más profundo, van a salir
muchas más agencias involucradas”, dijo.
“Hemos estado bien pendiente a las construcciones
que se han hecho en los cascos urbanos, como en Río
Piedras, que se crearon unos espacios en la Plaza
para estacionamientos”, afirmó Monroig. “Metidos
en las aceras no pueden continuar. Nuestra labor
es proteger los derechos de las personas con impedimentos.
Es responsabilidad de la otra parte buscar las alternativas
para su clientela”.
Sobre el señalamiento de las condiciones actuales
de las aceras, Monroig aseguró que se están
creando colaboraciones interagenciales para arreglar
los rotos y eliminar varillas u otras barreras arquitectónicas,
pero que se necesita tiempo para el resultado final.
Ambas funcionarias afirmaron que la OPPI apoya
todo tipo de legislación que vaya en beneficio
de las personas con limitaciones físicas y
animaron a las personas con impedimentos afectadas
a notificarlo a la agencia.
Los teléfonos de la OPPI son (787) 725-2333,
1-800-981-4125 y TTY (787) 725-4014. La página
cibernética de la organización es www.oppi.gobierno.pr.
